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El Congreso de Jalisco aprobó por unanimidad la Ley para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas que Viven en el Espectro Autista del Estado, una legislación que busca fortalecer las políticas públicas dirigidas a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y Discapacidad Intelectual (DI), mediante la creación y ampliación de una Red de Centros Regionales de Atención.
El gobernador Pablo Lemus Navarro calificó la aprobación como un “paso histórico”, al señalar que la nueva normativa permitirá garantizar una atención integral y especializada, además de dar continuidad a un modelo que comenzó durante sus administraciones municipales en Zapopan y Guadalajara.
“Ahora viene lo que le toca al Gobierno de Jalisco: asegurar recursos suficientes y la coordinación para que esta ley se aplique a cabalidad. El espectro autista es una de las condiciones que más está creciendo en todo el país“, afirmó el mandatario.
Actualmente, la Red de Centros de Atención al Autismo y Discapacidad Intelectual está integrada por dos centros en Zapopan, el Centro de Autismo y Discapacidad Intelectual (CADI) en Guadalajara, el Centro Teletón Jalisco y el Centro Regional de Autismo y Discapacidad Intelectual en Tepatitlán de Morelos, que brinda atención especializada a la región Altos.
Como parte de la expansión de esta red, el Gobierno estatal anunció la apertura de un nuevo centro regional en Puerto Vallarta, que atenderá a la región Costa. Además, se prevé que durante el próximo año entren en operación nuevos espacios en Ciudad Guzmán y Lagos de Moreno.
El gobernador señaló que la administración estatal trabajará en el diseño de políticas públicas, programas y mecanismos de financiamiento para asegurar la correcta implementación de la ley y garantizar el acceso a servicios especializados en todo el estado.
Durante la presentación, Lemus reconoció el trabajo de Maye Villa de Lemus, presidenta del Sistema DIF Jalisco, así como el impulso legislativo de las diputadas Mónica Magaña Mendoza y Gabriela Cárdenas Rodríguez, además del respaldo unánime de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso local.
“Esta ley se votó por unanimidad. Esto habla muy bien de Jalisco; aquí se entendió que esta causa está por encima de cualquier partido político. Esta ley blinda el sistema y la red de cuidados“, sostuvo.
Por su parte, Maye Villa de Lemus destacó que la legislación es resultado de más de un año de trabajo conjunto entre familias, especialistas, instituciones públicas, universidades y organizaciones civiles, con el objetivo de responder a las necesidades de las personas con autismo y discapacidad intelectual.
“A las familias les digo de corazón: no están solas. Esta ley, que nació de su lucha, debe reflejarse en su día a día, desde un diagnóstico temprano hasta el acceso a centros especializados y una vida con mayor autonomía“, expresó.
La diputada Mónica Magaña Mendoza señaló que la nueva legislación coloca los derechos de las personas con autismo y discapacidad intelectual en el centro de las políticas públicas, al garantizar por ley el diagnóstico oportuno, las terapias y la atención especializada.
Entre los principales alcances de la norma se encuentra la creación de un Registro Estatal de Personas con Autismo, herramienta que permitirá contar con información para identificar necesidades y orientar recursos hacia las regiones con mayor demanda.
Asimismo, la diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez destacó que la legislación establece un Fondo Especial para el Autismo, con el propósito de asegurar recursos para la operación y ampliación de la red de centros especializados, así como para diagnósticos, capacitación, apoyo a familias y programas de inclusión.
La ley también contempla la integración de una Comisión Intersectorial, encargada de coordinar acciones entre las áreas de salud, educación, justicia, asistencia social y cuidados, con el objetivo de fortalecer la atención integral de las personas con TEA y discapacidad intelectual.
Con esta legislación, Jalisco busca ampliar la cobertura de servicios especializados y fortalecer la protección de los derechos de este sector de la población mediante acciones enfocadas en el diagnóstico temprano, la atención médica, la educación, la inclusión laboral y el acceso a la justicia.
