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La Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas (SIBP) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco desplegaron una capacitación dirigida a quienes reciben reportes, atienden ventanillas y sostienen el primer diálogo con la ciudadanía.
El curso, titulado “Derechos Humanos y Atención a Víctimas en Materia de Desaparición”, reunió a cerca de un centenar de funcionarios de distintas dependencias. En esa sala no había solo servidores públicos: había operadores de una maquinaria que, en su primer engranaje, puede aliviar o agravar el dolor de la incertidumbre.
La capacitación fue impartida por la investigadora Juana Rodríguez Gutiérrez, quien puso sobre la mesa un principio básico que suele extraviarse en la burocracia: la dignidad no es negociable. La desaparición de personas, recordó, exige respuestas que combinen técnica, sensibilidad y un entendimiento profundo de los derechos humanos.
En representación de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, Javier Carrasco Rueda insistió en que la responsabilidad institucional no se agota en la búsqueda. “La principal obligación es preservar la dignidad de las personas”, dijo, al detallar que la atención a víctimas debe articularse en tres ejes: ayuda inmediata, asistencia integral y reparación del daño. Tres conceptos que, en la práctica, suelen diluirse entre expedientes y protocolos.
Desde la SIBP, su titular, Edna Montoya Sánchez, subrayó que el objetivo es reforzar las capacidades técnicas y jurídicas del personal que enfrenta los momentos más críticos: la recepción de reportes y el primer contacto. Es ahí, en la ventanilla, en la llamada, en el primer formulario, donde se define si el Estado escucha o evade.
La perspectiva también se amplió hacia un enfoque más complejo. Manuel Alejandro Murillo, primer visitador de la CEDHJ, recordó que la atención debe incorporar una perspectiva de género y un enfoque diferenciado, capaces de reconocer que no todas las víctimas enfrentan la misma vulnerabilidad ni recorren el mismo camino institucional.
El ejercicio no fue aislado. Participaron también integrantes del entramado estatal de búsqueda: desde la Comisión de Búsqueda de Personas hasta el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pasando por células especializadas y áreas de seguridad pública. Una red que, en teoría, debe funcionar como un sistema coordinado, pero que en la práctica enfrenta fracturas, tiempos dispares y, a menudo, desconfianza social.
