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Las acciones desplegadas por la Fiscalía del Estado a través de su Vicefiscalía en Personas Desaparecidas en el combate a este delito, permitieron capturar a cinco personas que presumiblemente se involucraron en la desaparición forzada de dos víctimas en el municipio de Poncitlán, en el año 2019.
Se trata de Antonio B., Juan C., Juan Manuel P., Max M. y Karen Esmeralda G., quienes al momento de los hechos se desempeñaban como elementos de la Comisaría de Seguridad Pública en el referido municipio.
Se desprende de las investigaciones que siendo funcionarios públicos, presumiblemente aprehendieron a las víctimas y no las pusieron a disposición de la autoridad correspondiente.
Debido a que sus familias ya no tuvieron noticias de ellas, presentaron la denuncia, por lo que se realizaron trabajos de inteligencia y análisis criminal que llevaron a la identificación de Antonio B., Juan C., Juan Manuel P., Max M. y Karen Esmeralda G., como probables responsables, por lo que el caso fue judicializado. No obstante, el Juez de Control, no los vinculó a proceso.
Para salvaguardar los derechos de las víctimas, esta Representación Social se inconformó e insistió en reforzar la investigación para que las familias obtuvieran acceso a la justicia.
Al contar con datos de prueba sólidos, el Agente del Ministerio Público solicitó órdenes de aprehensión a la autoridad judicial, quien le dio la razón, ya que los mandatos fueron girados.
Para evitar la posible evasión de dichas personas, estas labores estratégicas se realizaron con precisión, por lo que esta mañana la Policía de Investigación desplegó un dispositivo de seguridad para cerrar el cerco, con resultados positivos, ya que fueron capturadas y puestas a disposición del órgano jurisdiccional que resolverá su situación legal, por desaparición forzada de personas.
La Fiscalía del Estado reafirma su compromiso con la sociedad para actuar con eficacia y profesionalismo en el combate al delito de desaparición y capturar a quienes resulten responsables, para presentarlos ante la autoridad judicial.
La dependencia ratifica que el aseguramiento de las personas aquí señaladas se llevó a cabo mediante los protocolos policiales establecidos en los que también se les leyeron sus garantías constitucionales. Además, se les presume inocentes hasta que no se declare su responsabilidad mediante sentencia.
