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Autoridades del Gobierno de Jalisco y representantes del Poder Legislativo firmaron los compromisos de la Agenda Estatal de Cuidados “Cuidar nos Une”, con la que buscan distribuir de manera más equitativa las responsabilidades de atención y asistencia, así como mejorar las condiciones de quienes cuidan y de las personas que requieren estos servicios.
La firma se realizó en Casa Jalisco, en el marco del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, con la participación de integrantes de la Junta Estatal de Cuidados, dependencias del Gabinete estatal y organismos públicos. Durante el encuentro, las autoridades señalaron que el cuidado es un derecho humano y una responsabilidad compartida entre las familias, la sociedad y las instituciones.
Maye Villa de Lemus, presidenta del Sistema DIF Jalisco, destacó que las labores de cuidado han recaído históricamente en las mujeres, quienes en muchos casos deben interrumpir sus estudios, dejar sus empleos o posponer sus proyectos personales para atender a otras personas.
“Cuidar no debería significar dejar de vivir la propia vida”, afirmó Villa de Lemus, quien señaló que reconocer el cuidado como un derecho implica asumir la responsabilidad de garantizarlo de manera colectiva.
Por su parte, Andrea Blanco Calderón, coordinadora general estratégica de Desarrollo Social, llamó a las dependencias participantes a traducir los compromisos en acciones concretas que involucren los ámbitos familiar, social e institucional, así como a promover cambios culturales en la distribución de estas tareas.
Diana Vargas Salomón, directora general del DIF Estatal y presidenta de la Junta Estatal de Cuidados, planteó la necesidad de impulsar condiciones laborales flexibles para las personas cuidadoras y adaptar los espacios públicos y de trabajo para garantizar accesibilidad y bienestar.
“No es una ayuda, es un derecho, el asunto es que los gobiernos somos obligados a garantizar ese derecho”, puntualizó.
En materia presupuestal, Gabriela Cárdenas Rodríguez, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso de Jalisco, señaló que el estado destina más de 20 mil millones de pesos al anexo transversal de cuidados, mediante recursos asignados desde distintas secretarías y coordinaciones. También destacó la existencia de un marco constitucional y legal para respaldar el sistema.
A su vez, Fabiola Loya Hernández, secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, explicó que el Sistema Integral de Cuidados de Jalisco contempla cinco comisiones enfocadas en planeación, seguimiento y evaluación; corresponsabilidad y redistribución de los cuidados; registro estatal; capacitación y certificación de personas cuidadoras, y promoción de una cultura del cuidado.
La funcionaria señaló que el propósito es incorporar esta perspectiva en las políticas públicas y los programas gubernamentales, además de fortalecer la coordinación con los municipios.
Entre los compromisos firmados se encuentra la revisión de las condiciones laborales y los reglamentos internos de las dependencias estatales para armonizar las prestaciones con una perspectiva de cuidados. También se prevé identificar barreras físicas en edificios públicos y realizar adecuaciones para garantizar la accesibilidad universal.
Los acuerdos incluyen incorporar la perspectiva de cuidados en la planeación y asignación presupuestal de las acciones públicas, tanto en el Área Metropolitana de Guadalajara como en las regiones del interior del estado. Asimismo, se plantea identificar espacios para instalar salas de lactancia, ludotecas y otras áreas destinadas al cuidado.
Otro de los puntos contempla facilitar la movilidad de las personas que brindan y reciben cuidados mediante rutas de transporte público con conectividad funcional, así como impulsar el acceso al derecho a la ciudad y construir o adecuar infraestructura digna para esta población.
La agenda considera como beneficiarios a niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas cuidadoras y familias. Su implementación dependerá de la coordinación entre las instituciones participantes y de la incorporación de los compromisos en programas, presupuestos y acciones gubernamentales.
