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Ante la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el Gobierno de Jalisco puso en marcha una ruta de trabajo interinstitucional para armonizar las leyes estatales y preparar a las instituciones encargadas de aplicar el nuevo modelo de justicia en temas relacionados con familia, patrimonio, sucesiones, contratos, custodia y convivencia.
La estrategia es coordinada por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, que instaló mesas permanentes de trabajo con representantes de los poderes Judicial y Legislativo, así como con el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, con el objetivo de revisar el marco normativo local y construir criterios comunes para una implementación ordenada.
Tatiana Anaya afirmó que la entidad busca evitar una transición improvisada y garantizar certeza jurídica para la población.
“Las leyes cambian porque también cambian las necesidades de las personas. Desde la Consejería Jurídica asumimos la responsabilidad de conducir, desde el Ejecutivo, una ruta ordenada para que Jalisco llegue preparado a esta nueva etapa”, señaló.
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece reglas homologadas para los juicios civiles y familiares en todo el país y fija como fecha límite de entrada en vigor el 1 de abril de 2027, por lo que las entidades federativas deberán realizar adecuaciones legislativas, operativas e institucionales antes de esa fecha.
Dentro de este proceso, la Consejería Jurídica fungirá como instancia técnica encargada de coordinar la revisión normativa, acompañar propuestas de reforma y alinear las disposiciones locales con el nuevo esquema nacional.
La dependencia estatal indicó que esta labor permitirá anticipar riesgos jurídicos, homologar criterios entre instituciones y dar seguimiento a las modificaciones legales necesarias antes de la aplicación del nuevo ordenamiento.
Desde el Poder Judicial, José Luis Álvarez Pulido subrayó que la implementación requerirá coordinación permanente y capacitación especializada para jueces y operadores jurídicos.
“Es un tema que involucra a muchos entes, a muchos sectores y, sobre todo, al sector público y al ámbito que nos corresponde”, expresó el magistrado durante la instalación de las mesas de trabajo.
En el ámbito legislativo, el Congreso del Estado tendrá la responsabilidad de discutir y aprobar las reformas necesarias para armonizar el marco jurídico estatal con el nuevo código nacional.
La diputada Norma López Ramírez señaló que uno de los principales retos será garantizar el acceso a la justicia en todas las regiones del estado y no sólo en la zona metropolitana.
“Sí me resulta muy importante e interesante saber cómo vamos a hacer para que la justicia no se aleje”, manifestó.
Las mesas de trabajo también definirán rutas de capacitación dirigidas a juzgados, dependencias y áreas jurídicas relacionadas con procedimientos civiles y familiares.
El Colegio de Notarios del Estado de Jalisco participará como actor técnico debido a la relación que diversos actos patrimoniales y familiares guardan con la función notarial, entre ellos sucesiones, poderes, compraventas, donaciones y certificaciones.
