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Habitantes de este municipio manifestaron que persiste la inconformidad social tras la aprobación, en el Congreso del Estado, del dictamen que impulsa el cambio de régimen electoral hacia usos y costumbres en comunidades indígenas, proceso derivado de la consulta realizada en 2025 por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
De acuerdo con un comunicado ciudadano, el procedimiento ha sido percibido por diversos sectores como acelerado y con áreas de oportunidad en materia de socialización e información, lo que ha generado inquietud entre la población.
Durante una mesa de trabajo realizada recientemente en el Congreso local, representantes de Bolaños expusieron la necesidad de ampliar los canales de comunicación y construir acuerdos incluyentes. En dicho encuentro participaron legisladores y autoridades estatales, quienes reiteraron la importancia de mantener el diálogo abierto.
Asimismo, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, asumió el compromiso de fungir como instancia gestora para establecer una ruta de trabajo interinstitucional que permita atender las inquietudes planteadas por la ciudadanía y avanzar en la construcción de consensos.
Entre los puntos señalados por habitantes y actores locales destacan la necesidad de contar con información clara sobre la implementación del nuevo modelo electoral, así como certidumbre respecto a su aplicación en procesos futuros y el papel de las autoridades electorales.
En este contexto, también se ha planteado la conveniencia de generar espacios de diálogo neutrales, abiertos y sin confrontación, que permitan escuchar a todos los sectores involucrados y fortalecer la confianza en las instituciones.
La participación social ha ido en aumento en los últimos días, lo que motivó la reanudación de actividades en el Congreso del Estado para dar seguimiento al tema, aun en periodo vacacional, como parte de la atención a las demandas ciudadanas.
Los habitantes de Bolaños reiteraron que su postura busca contribuir a un proceso incluyente y transparente, en el que las decisiones públicas se construyan con la participación de la población y en apego al respeto de los derechos de todas las comunidades.
