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El Gobierno de Jalisco reportó 10 personas detenidas, 15 policías con lesiones leves y daños preliminares por alrededor de 15 millones de pesos en Palacio de Gobierno, tras los hechos violentos registrados durante la manifestación del domingo 18 de octubre en el Centro Histórico de Guadalajara.
En conferencia de prensa, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora; el coordinador general estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, y el secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández González, presentaron el balance de las afectaciones y las investigaciones en curso. Las autoridades señalaron que revisarán el operativo implementado durante la movilización para evaluar posibles ajustes en futuras manifestaciones.
De acuerdo con el reporte oficial, cinco hombres identificados como Héctor “N”, Pablo “N”, Raúl “N”, Giovanni “N” y Christopher “N” fueron detenidos después de presuntamente lanzar artefactos explosivos contra las puertas del Palacio Legislativo y del Palacio de Justicia. Los cinco viajaban en una camioneta gris con reporte de robo y quedaron a disposición de la Fiscalía del Estado.
En otros casos, Gael “N”, de 19 años, y Miguel “N”, de 16, fueron señalados por hechos relacionados con barrenos y reportados por una falta administrativa. Alberto “N”, también de 16 años, fue canalizado a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes por su presunta participación en destrozos. Por su parte, Ramón “N” quedó a disposición de la Fiscalía por su probable participación en daños a Palacio de Gobierno y presuntas lesiones dolosas contra policías estatales.
Las autoridades informaron que las personas puestas a disposición del Ministerio Público se encontraban dentro del plazo legal de 48 horas para determinar su situación jurídica. Además, María “N”, quien ingresó a Palacio de Gobierno y presentó una crisis nerviosa, recibió atención médica y posteriormente fue trasladada a su domicilio.
Hernández González indicó que existe intercambio de información con autoridades de otras entidades debido a indicios de que algunas personas involucradas podrían proceder de otros estados del país. Aclaró que esta posibilidad forma parte de las líneas de investigación y no constituye una conclusión definitiva.
El funcionario sostuvo que, de acuerdo con la información de seguridad disponible, algunos grupos habrían buscado provocar una confrontación con los policías mediante actos vandálicos. También informó que 15 elementos estatales presentaron lesiones, intoxicación o quemaduras leves relacionadas con los incidentes y los incendios registrados en Palacio de Gobierno, sin que se reportaran heridas de gravedad.
Entre los daños contabilizados en el edificio se encuentran 50 ventanas y 50 cortinas, cuatro marcos de ventanas, 13 vitrales, siete candelabros, cinco cámaras de videovigilancia y tres puertas dobles. También se reportaron afectaciones en aproximadamente 245 metros cuadrados de cantera amarilla, 18 vallas de seguridad y 19 lámparas de iluminación arquitectónica.
El monto de 15 millones de pesos es preliminar y deberá confirmarse mediante una evaluación técnica que determine los costos de reparación, restauración y reposición. Además, permanecen pendientes de cuantificación los daños a diversos bienes muebles del área de museos.
Las afectaciones también alcanzaron la Catedral de Guadalajara, el Congreso del Estado, el Poder Judicial, Plaza de la Liberación, Plaza Guadalajara y la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres. Asimismo, se reportaron daños en vehículos y al menos seis establecimientos comerciales del Centro Histórico.
Ante estos hechos, los gobiernos estatal y municipal anunciaron que buscarán establecer contacto con los comerciantes afectados para brindarles apoyo y dar seguimiento a las denuncias correspondientes.
Por último, Zamora Zamora convocó a la ciudadanía a aportar información que permita identificar a las personas que presuntamente participaron en los actos violentos, incluidas aquellas cuyo rostro quedó descubierto durante la movilización. Reiteró que las investigaciones continuarán para deslindar responsabilidades, mientras que las demandas relacionadas con la calidad del agua serán atendidas por las vías institucionales y mediante el diálogo.
