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El Gobierno del Estado logró un acuerdo con los exsocios de la Villa Panamericana que permitirá recuperar 97 departamentos adicionales, valuados en aproximadamente 700 millones de pesos, los cuales habían quedado en manos del empresario prófugo Jaime Alberto Moreno Cardeña, señalado por fraude en el proyecto inmobiliario construido para los Juegos Panamericanos de 2011.
El gobernador Pablo Lemus Navarro informó que las acciones fueron endosadas a favor del Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI) y del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), con lo que ambos organismos recuperan patrimonio público invertido desde hace más de una década.
“Con esto vamos a recuperar 97 departamentos adicionales, ojo, adicionales a los que ya tenía el IJALVI y a los que ya tenía Pensiones del Estado. Lo que corresponde a Pensiones servirá para reforzar el pago de los jubilados, y lo que se quede en IJALVI se venderá para crear un fondo de vivienda económica”, explicó Lemus.
El mandatario adelantó que los recursos obtenidos por la venta de los inmuebles del IJALVI, que sumarán en total alrededor de 170 unidades, se destinarán a la compra de terrenos y construcción de vivienda asequible en distintas regiones del estado.
Durante la investigación, el Gobierno encontró una red de prestanombres que incluyó abogados, familiares de líderes transportistas e incluso a un magistrado del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), quienes habrían adquirido departamentos mediante empresas vinculadas a Moreno Cárdenas.
“Todos los que sean adquisiciones ilegales se están incautando; se los estamos quitando”, subrayó el gobernador.
Lemus confirmó que Jaime Alberto Moreno Cárdenas ya huyó del país y que el Estado solicitó una orden de captura en su contra.
“Tenemos ya las pistas de dónde se encuentra y hemos solicitado la orden correspondiente”, afirmó.
El gobernador descartó sanciones contra los exsocios del proyecto, ya que, dijo, “no habían firmado nada” y decidieron ceder sus acciones para resolver el conflicto. En cuanto a posibles responsabilidades de exfuncionarios que avalaron convenios con la empresa Panamericana, Lemus señaló que será la Contraloría del Estado la que determine si hubo irregularidades.
Con la recuperación de los departamentos, el Gobierno estatal busca saldar una deuda histórica con los recursos públicos invertidos en la Villa Panamericana y transformarla en un proyecto de beneficio social.
