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La línea de investigación por la agresión mortal contra personal de la Secretaría de Movilidad sumó un nuevo avance judicial. Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra Alfonso Baltazar “N”, señalado como tercer implicado en los hechos ocurridos el 11 de noviembre de 2025, donde dos oficiales fueron atacados de manera violenta.
La Vicefiscalía en Investigación Regional informó que el imputado enfrentará cargos por feminicidio, robo calificado y delitos cometidos contra representantes de la autoridad, tras la presentación de un conjunto robusto de datos de prueba integrados por el Ministerio Público con sede en El Salto. Ante la gravedad de los hechos, el juez impuso la prisión preventiva oficiosa por dos años, además de fijar un plazo de cinco meses para el cierre de la investigación complementaria.
La detención de Alfonso Baltazar “N” se concretó el 4 de febrero, luego de un operativo de inteligencia que permitió ubicarlo en el municipio de Jalostotitlán. Durante la cumplimentación de la orden de aprehensión, las autoridades lograron recuperar una de las armas presuntamente robadas a las víctimas, elemento clave dentro de la carpeta de investigación.
De acuerdo con la Fiscalía, esta captura se inscribe en el desmantelamiento de un grupo criminal que ya había sido debilitado días antes, el 3 de febrero, tras un enfrentamiento con agentes investigadores. En ese episodio, uno de los agresores fue abatido en el lugar, mientras que otro falleció bajo custodia cuando recibía atención médica. En esos hechos se aseguró la primera de las armas sustraídas durante la agresión inicial.
El juez consideró que los elementos aportados por el Ministerio Público eran suficientes para iniciar formalmente el proceso penal, al acreditar la probable participación del imputado en una agresión directa contra servidores públicos, así como en delitos de alto impacto.
Con esta resolución, la Fiscalía del Estado de Jalisco subrayó que mantendrá una respuesta institucional sin concesiones frente a los ataques contra mujeres y contra funcionarios encargados de la seguridad y movilidad, al tiempo que reiteró que los delitos contra representantes de la autoridad serán perseguidos con todo el peso de la ley.
