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En Jalisco, el tiempo institucional tiene consecuencias concretas: se mide en días y a veces años, que niñas y niños permanecen en albergues mientras su situación jurídica se define. Para acortar esa espera, la Consejería Jurídica del Gobierno de Jalisco inició la capacitación de personal de más de 70 dependencias estatales, con el objetivo de agilizar decisiones legales y reducir la institucionalización prolongada.
La formación se articula en dos diplomados: El Nuevo Paradigma del Derecho Procesal Civil y Familiar y Justicia Especializada para Niñas, Niños y Adolescentes. Ambos buscan unificar criterios, fortalecer la coordinación interinstitucional y acelerar procesos que inciden directamente en la restitución de derechos.
Tatiana Esther Anaya Zúñiga, consejera jurídica del Poder Ejecutivo, subrayó que la capacitación incorpora análisis de casos reales y enfoque en derechos humanos, con la meta de evitar retrasos derivados de interpretaciones dispares entre dependencias.
“Cuando los procesos se retrasan, las consecuencias las viven directamente las niñas y los niños”, afirmó. La declaración apunta a un problema estructural: resoluciones tardías que prolongan la estancia en albergues y posponen el derecho a vivir en familia.
Los diplomados tendrán una duración de 53 horas distribuidas en 13 sesiones presenciales en Palacio de Gobierno. La primera jornada contó con participación académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La estrategia parte de una premisa: la protección de la infancia no es sólo asistencia, sino certeza jurídica oportuna. Identidad, salud, educación y condiciones de vida adecuadas dependen, en muchos casos, de la velocidad y solidez de las decisiones administrativas y judiciales.
El Sistema DIF Jalisco, encabezado por Maye Villa de Lemus, respaldó la iniciativa al señalar que la atención a la niñez exige coordinación y preparación técnica. La directora del organismo, Diana Vargas Salomón, añadió que la capacitación permitirá fortalecer el seguimiento de casos y los procesos de restitución.
Reducir estancias prolongadas en albergues implica actuar con claridad, coordinación y sentido de urgencia. En ese margen temporal se define algo más que un expediente: se define la posibilidad de que cada niña y niño recupere su entorno familiar y ejerza plenamente sus derechos.
La apuesta del Ejecutivo estatal es técnica y jurídica. El desafío será convertir la formación en resoluciones más rápidas y homogéneas. Porque en materia de infancia, cada día de demora pesa.
