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La Red de Centros de Justicia para las Mujeres (Red CJM) y el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) firmaron un convenio que busca convertir la capacitación técnica en una vía concreta de autonomía.
El acuerdo establece un 35% de descuento en cursos de capacitación y certificaciones oficiales para mujeres usuarias de los Centros de Justicia, así como para sus familias. La medida apunta a un círculo más amplio: no solo la mujer que atraviesa una situación de violencia, sino su entorno inmediato, donde también se juega la estabilidad económica.
El esquema incorpora además un mecanismo de becas del 100%, bajo una lógica de corresponsabilidad: por cada grupo de 15 alumnas provenientes de la Red CJM con descuento, el IDEFT financiará completamente la formación de una beneficiaria adicional. Una fórmula que busca multiplicar el alcance sin diluir el impacto.
La alianza tendrá presencia en cinco regiones del estado como Guadalajara, Puerto Vallarta, Colotlán, Tlajomulco de Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque, lo que permite extender la oferta de formación técnica con validez oficial a contextos diversos, donde las condiciones de acceso al empleo suelen ser desiguales.
Durante la firma, Sofía Berenice García Mosqueda, coordinadora de la Red CJM, sintetizó el sentido del convenio en una idea que desborda lo institucional: la justicia no puede limitarse al ámbito legal. En su lectura, ofrecer herramientas para generar ingresos es también una forma de romper ciclos de violencia. “Es una puerta hacia la libertad económica”, dijo.
El acuerdo también invierte la lógica de la capacitación. No solo se formará a las usuarias: la Red CJM brindará al personal del IDEFT contenidos en derechos humanos y perspectiva de género, con el objetivo de garantizar que los espacios de formación sean seguros, incluyentes y libres de violencia. La enseñanza, en este caso, es bidireccional.
El trasfondo es claro. Muchas mujeres permanecen en entornos violentos no por falta de voluntad, sino por ausencia de alternativas económicas. En ese contexto, la capacitación deja de ser una política educativa para convertirse en una herramienta de salida.
La estrategia se inscribe en un enfoque más amplio del Gobierno de Jalisco, que busca atender la violencia de manera integral. No basta con acompañar jurídicamente; es necesario intervenir en las condiciones materiales que sostienen la dependencia.
