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Las instancias responsables de vigilar el acceso a la información pública en Jalisco afinan un reporte conjunto sobre sus avances, en paralelo a la discusión de las reformas secundarias al marco legal de transparencia en la entidad. La actualización fue solicitada por el Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, que en su segunda sesión ordinaria acordó fortalecer la homologación de criterios en todo el país.
El Consejo nacional avaló la difusión de los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones de Transparencia, documento que marcará la pauta para que los sujetos obligados, dependencias estatales y municipales, publiquen información bajo estándares comunes. En respuesta, las autoridades garantes en Jalisco sostendrán una reunión de coordinación en los próximos días.
En el ámbito del Poder Ejecutivo, la Contraloría del Estado de Jalisco funge como Autoridad Garante Local, no solo para la administración estatal, sino también, por decreto legislativo, para los 125 municipios. El marco jurídico que sustenta esta atribución es el Decreto 29842/LXIV/25, aprobado el 16 de octubre de 2025 por el Congreso del Estado de Jalisco.
Con funciones equivalentes en sus respectivos ámbitos actúan los órganos internos de control del propio Congreso, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, entre otros.
Como medida preventiva, y previo a las auditorías programadas para este año, la Contraloría requirió formalmente a los ayuntamientos mantener completa y actualizada la información fundamental en sus portales oficiales, conforme a la legislación vigente. El objetivo es garantizar el acceso a datos financieros, patrimoniales y administrativos, incluidos contratos, sueldos, ejercicio presupuestal y versiones públicas de declaraciones patrimoniales cuando así proceda.
El acuerdo nacional y la coordinación local buscan evitar criterios dispares en la publicación de información y cerrar márgenes de discrecionalidad. En términos prácticos, cualquier solicitud de información debe atenderse en tiempo y forma; de no ocurrir, en el caso del Poder Ejecutivo o los municipios, puede interponerse un recurso de revisión vía correo electrónico ante la autoridad garante estatal o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Con estas acciones, las autoridades sostienen que el derecho a saber y la protección de datos personales se mantienen como garantías vigentes en Jalisco, ahora bajo un esquema que apuesta por la estandarización y la supervisión coordinada.
