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En una explanada custodiada por peritos y funcionarios federales, el fuego consumió lo que durante meses fue evidencia judicial: más de dos toneladas de narcóticos y miles de objetos vinculados al delito. El acto, encabezado por la Fiscalía General de la República, contó con la presencia del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, como testigo institucional de una escena que buscó enviar un mensaje político y jurídico a partes iguales.
La ceremonia formó parte del programa federal de Bodegas Vacías, una estrategia orientada a liberar espacios de resguardo y cerrar el ciclo procesal de los bienes asegurados. Según informó Juan Víctor Manuel Guajardo Sosa, Fiscal Federal en el Estado, en Jalisco se incineraron 2 toneladas y 77 kilogramos de marihuana, 50 kilogramos de metanfetamina, cuatro kilogramos de cocaína y siete kilogramos de THC preparado. A ello se sumaron 35 kilogramos, dos litros y 4.037 unidades de sustancia negativa, 3.324 unidades de psicotrópicos, dos kilogramos de semillas de marihuana, 117 plantas y 938 objetos del delito.
No se trató únicamente de la eliminación física de droga. Fue, en palabras del fiscal, “una acción completa del Estado mexicano en defensa de la legalidad, la salud pública y la seguridad”. La frase condensa la narrativa institucional: cerrar el círculo entre aseguramiento, judicialización y destrucción para evitar que lo decomisado vuelva al mercado ilícito.
El procedimiento incluyó una demostración técnica de identificación de estupefacientes frente a las autoridades presentes. Personal de servicios periciales verificó las sustancias antes de su incineración, subrayando que cada kilo destruido corresponde a una carpeta de investigación iniciada por la probable comisión de delitos contra la salud.
Óscar Daniel del Río Serrano, titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía, sostuvo que estos actos simbolizan el compromiso de la institución con la justicia y el bienestar social. “Los eventos de destino final de bienes asegurados requieren una coordinación precisa”, afirmó, al advertir que el objetivo es impedir que el narcótico decomisado “regrese a la calle y ponga en peligro a infancias y juventudes”.
Más allá del ritual administrativo, la escena dejó una lectura política: la coordinación entre Federación, Estado y municipios como argumento frente a un fenómeno que desborda fronteras locales. Lemus acudió en calidad de testigo, en un contexto en el que la seguridad pública sigue siendo el principal termómetro de la gestión estatal.
El humo que se elevó durante la jornada no borró el problema estructural del narcotráfico en la entidad. Pero sí cerró, expediente por expediente, la vida útil de miles de dosis que ya no circularán. En el terreno simbólico, el mensaje es claro: lo asegurado no vuelve a las calles. En el terreno real, la batalla continúa.
