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La justicia que se desplaza, que toca puertas y se instala en colonias y comunidades, dejó de ser una consigna para convertirse en una política operativa. Durante 2025, la Procuraduría Social del Estado de Jalisco brindó 40 mil 990 servicios jurídicos en distintas regiones de la entidad, con una estrategia centrada en el acceso efectivo a la justicia bajo un enfoque humano.
El eje de este modelo fue el Módulo Itinerante Identidad y Justicia, que en 76 días hábiles alcanzó una efectividad de solución del 95 por ciento de los asuntos atendidos directamente en sitio, además de dar seguimiento institucional a 833 casos, de acuerdo con datos oficiales.
La estrategia permitió acercar asesoría jurídica gratuita, orientación legal y acompañamiento a personas que, por razones económicas, sociales o geográficas, enfrentan mayores obstáculos para acudir a instancias formales. En 2026, la dependencia prevé reforzar los servicios itinerantes, ampliar su presencia territorial en la Zona Metropolitana de Guadalajara y consolidar la atención con perspectiva de género.
En paralelo al despliegue territorial, Jalisco se prepara para recibir un encuentro clave en materia jurídica: será sede del XXVI Congreso Nacional de Defensorías Públicas, que se realizará del 25 al 27 de marzo. El evento reunirá a especialistas de todo el país con el objetivo de fortalecer criterios de defensa, innovación procesal y cooperación institucional en el ámbito de la justicia pública.
El procurador social del estado, Héctor Pizano Ramos, subrayó que el reto institucional es romper la lógica de la espera y salir al encuentro de la ciudadanía.
“La justicia no debe esperar a que la gente llegue a las oficinas; debe ir al territorio, ofrecer una atención digna, oportuna y gratuita”, afirmó.
Añadió que el modelo implementado permite evaluar y transformar los servicios públicos, poniendo a las personas en el centro de la acción institucional.
Como parte del fortalecimiento de políticas públicas, Pizano Ramos informó que, a través del Comité Interinstitucional de Mejora y Evaluación (CIMEPS), se impulsará la articulación de estrategias para atender problemáticas estructurales, entre ellas la prevención y combate de la trata y explotación de niñas, niños y adolescentes, mediante coordinación entre distintos niveles de gobierno. La tercera sesión del CIMEPS se realizará el 5 de marzo, en el auditorio de la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco (PLAi), en Ciudad Creativa Digital, Guadalajara.
En materia de justicia con perspectiva de género, la Procuraduría Social implementa una estrategia jurídica dirigida a mujeres en situación de vulnerabilidad, que incluye litigio estratégico, diagnóstico social y coordinación interinstitucional, con posibles beneficios jurídicos y rutas de reinserción social y laboral.
El subprocurador de Servicios Jurídicos y Asistenciales, Miguel Osbaldo Carreón Pérez, explicó que la instrucción institucional ha sido clara: atender en la calle, a ras de piso, mediante una presencia activa en colonias prioritarias.
En tanto, Juan Paulo Dávalos, jefe de procesos, detalló que se desarrolla un diagnóstico jurídico de mujeres privadas de la libertad, para identificar beneficios legales que permitan reducir sentencias.
Por su parte, David Wong, subprocurador de Defensoría Pública, señaló que el congreso nacional busca dotar a las y los defensores públicos de herramientas suficientes para enfrentar escenarios jurídicos complejos.
De manera complementaria, la Procuraduría Social reportó que, a través de sus canales de atención ciudadana, se brindó servicio a 59 mil 767 personas; derivado de estas asesorías se iniciaron 22 mil 715 juicios patrocinados en materias civil, mercantil, familiar y laboral burocrática.
En el ámbito penal, se mantuvo una cartera activa que incluyó más de 11 mil asuntos, 293 amparos, 26 mil 678 servicios de atención temprana y 5 mil 292 casos en Centros de Justicia para las Mujeres. Además, se realizaron 40 mil 510 intervenciones familiares, 9 mil 790 civiles y mercantiles, y 16 mil 437 búsquedas testamentarias, así como 19 mil 389 gestiones en el Instituto de Justicia Alternativa.
Con estos resultados, la Procuraduría Social de Jalisco consolida un modelo de atención cercana, orientado a ampliar el acceso a la justicia, reducir desigualdades legales y garantizar que el acompañamiento jurídico llegue directamente a las comunidades donde más se necesita.
