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El calendario cívico de Jalisco suma una fecha con carga social y simbólica. El Congreso del Estado aprobó la instauración del 28 de noviembre como el Día Estatal de las Personas Sordas y de la Lengua de Señas Mexicana, una medida orientada a visibilizar a esta comunidad, promover el respeto pleno a sus derechos y avanzar hacia una mayor accesibilidad en los espacios públicos y gubernamentales.
La declaratoria fue avalada a partir de una iniciativa presentada por el diputado Miguel de la Rosa, y contó con el respaldo de integrantes del Movimiento de Derechos Lingüísticos de Personas Sordas, quienes acudieron al recinto legislativo para presenciar la sesión en la que se concretó el acuerdo.
Durante el debate, activistas y representantes de la comunidad sorda coincidieron en que la creación del día estatal representa un avance simbólico relevante, pero advirtieron que persisten rezagos estructurales que limitan el ejercicio pleno de sus derechos, en particular la falta de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM) en instituciones públicas, servicios de salud, escuelas y trámites oficiales.
Farid Gómez Quiñones, integrante del movimiento, subrayó que la principal barrera que enfrenta la comunidad sorda en Jalisco sigue siendo la inaccesibilidad lingüística.
“Las personas sordas no escuchamos a través de los oídos, sino de los ojos; nuestra lengua es visual y es parte de nuestra identidad cultural”, expresó.
El activista añadió que reconocer esta fecha implica también aceptar a la Lengua de Señas Mexicana como una lengua natural, así como un patrimonio lingüístico, y avanzar hacia un modelo de educación bilingüe que incorpore la lengua de señas y el español escrito.
Desde el Congreso se destacó que la instauración del día estatal busca generar conciencia social, impulsar políticas públicas incluyentes y fortalecer el acceso equitativo a la información en dependencias tanto públicas como privadas.
Organizaciones de personas sordas insistieron en que el siguiente paso debe ir más allá de la conmemoración y traducirse en acciones concretas, especialmente en el ámbito educativo, para garantizar una inclusión real de niñas, niños y jóvenes sordos en el sistema educativo y en la vida pública del estado.
