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La Fiscalía del Estado de Jalisco informó la apertura de 20 procesos penales en contra de presuntos agresores de niñas, niños y adolescentes, como resultado de las investigaciones realizadas por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.
De acuerdo con la autoridad, entre el 1 y el 10 de diciembre, se logró la localización, aprehensión y vinculación a proceso de veinte personas señaladas como probables responsables de delitos cometidos contra menores de edad, en una actuación sustentada en el principio del interés superior de la niñez.
Las indagatorias permitieron atender casos ocurridos en distintos municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, entre ellos Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, San Pedro Tlaquepaque y Guadalajara, tras un análisis de contexto profesionalizado y labores especializadas de búsqueda de información.
Los delitos imputados abarcan una amplia tipología de violencias que vulneran gravemente los derechos de la infancia. La mayoría de las vinculaciones corresponden a abuso sexual infantil, aunque también se incluyen abandono de familiares, abandono de personas, corrupción de menores, lesiones, maltrato infantil, sustracción de menores y violencia familiar.
Una vez que el Ministerio Público tuvo conocimiento de los hechos, se abrió de forma inmediata la carpeta de investigación correspondiente, recabando datos de prueba clave para sustentar las imputaciones. La búsqueda y captura de los señalados se realizó, en la mayoría de los casos, mediante órdenes de aprehensión vigentes, mientras que otros imputados comparecieron ante la autoridad judicial a través de citación formal.
Tras ser presentados ante el Juzgado de Control y Oralidad, y luego de analizar los elementos aportados por la Representación Social, el órgano jurisdiccional dictó auto de vinculación a proceso contra los veinte presuntos agresores.
Como medidas cautelares, se impuso prisión preventiva oficiosa o justificada en diversos casos, además de medidas no privativas de la libertad. En una minoría de los procesos, y bajo estricto apego a los requisitos legales, se autorizó la suspensión condicional del proceso.
