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La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a César Duarte de haber sobornado a la actual gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván con 10 millones de pesos para que la justicia estatal le concediera al exgobernador la libertad provisional en junio de 2024.
Por ello, Manuel Granados Quiroz, fiscal de Asuntos Relevantes de la FGR, argumentó ante la jueza federal que existe riesgo real de fuga del exfuncionario priista, ya que todo indica que cuenta con una red de protección política e institucional en Chihuahua, incluyó a la señalada gobernadora panista.
Por todo ello la jueza de control María Jazmín Ambriz López impuso a Duarte la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por considerar fundado el riesgo de evasión de la justicia.
Durante la audiencia, la FGR también señaló que el respaldo al exgobernador se puso en evidencia al negar el Registro Público de la Propiedad de Chihuahua información sobre los bienes de Duarte, bajo el argumento del “secreto profesional”, obstaculizando las investigaciones.
Los cargos
Detenido el pasado lunes, Duarte está acusado de lavar dinero procedente de las arcas públicas, informó en su momento la FGR.
El exfuncionario, que además enfrenta un proceso ante la justicia estatal por peculado, fue inicialmente detenido en 2020 en Estados Unidos, que lo entregó a México en 2022 y desde hacia más de dos años gozaba de libertad condicional dentro de la entidad.
Pero el ministerio público federal le abrió un nuevo expediente y obtuvo la orden de captura de un juez, informó la fiscal general, Ernestina Godoy, quien asumió el cargo la semana pasada.
Duarte es investigado por su probable participación en “un esquema de lavado de dinero, en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano”, precisó Godoy en la red social X.
El político, que milita en el PRI y que gobernó Chihuahua de 2010 a 2016, ha sido acusado por autoridades federales y estatales de más de media docena de cargos relacionados con el presunto desvío de mil 200 millones de pesos (unos 65 millones de dólares al cambio actual) de recursos públicos.
Una docena de exgobernadores mexicanos han sido procesados en los últimos años por corrupción o nexos con el crimen organizado en las últimas dos décadas.
