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La Fiscalía del Estado, en coordinación con elementos de la policía municipal de Zapopan, integró una carpeta sólida que permitió obtener la vinculación a proceso de Luis “N” y Alejandro Albino “N”, señalados como probables responsables del delito de robo calificado cometido en agravio de trabajadores de una empresa de telecomunicaciones.
Los hechos se registraron el pasado 15 de enero, en la calle Jacarandas, colonia Mariano Otero, en el municipio de Zapopan. De acuerdo con las indagatorias, los imputados arribaron en un vehículo al punto donde las víctimas realizaban reparaciones para la empresa. Ahí, presuntamente los amenazaron con un arma de fuego y un cuchillo, con el fin de doblegar su voluntad y despojarlos de objetos personales y equipo de trabajo, además de golpearlos para facilitar el robo.
Al momento de intentar huir, las víctimas solicitaron apoyo a una unidad de la policía municipal que realizaba recorridos de vigilancia en la zona, proporcionando características de los agresores y del vehículo en el que escaparon. Gracias a esta información, los primeros respondientes emprendieron una búsqueda inmediata que permitió localizarlos y detenerlos calles más adelante.
Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de esta representación social, donde personal de dicha Unidad de Investigación reunió los datos de prueba necesarios y una vez integrada la carpeta de investigación, fueron consignados ante un juez de control y oralidad, quien calificó de legal su detención.
Tras analizar los elementos aportados, el juez dictó auto de vinculación a proceso a Luis “N” y Alejandro Albino “N” por el delito de robo calificado. Como medida cautelar, se impuso prisión preventiva justificada por seis meses, con la que se garantiza su comparecencia en la continuidad del proceso penal.
La Fiscalía del Estado reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con las corporaciones policiales, fortalecer las investigaciones y llevar ante la justicia a quienes atentan contra el patrimonio y la seguridad de las y los ciudadanos, garantizando certeza jurídica, la protección de las víctimas y el estricto cumplimiento de la ley.
