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París, Francia
Ante las dantescas imágenes del conflicto en Gaza, cada vez son más las voces que califican de genocidio la guerra conducida por Israel en el enclave palestino. Una figura jurídica con una inmensa carga política y difícil de demostrar, advierten los juristas.
La acusación de genocidio adquiere un cariz especialmente simbólico en el caso del Estado de Israel, creado tras el Holocausto, y donde los recuerdos de este crimen mayúsculo de la historia se vieron reavivados por el asalto de Hamás el 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1.218 personas del lado israelí, y 251 fueron secuestradas.
El término de “genocidio” apareció en el debate jurídico apenas unos meses después del inicio de las represalias israelíes, destinadas a “destruir” a Hamás y obtener la liberación de los rehenes.
Los aliados de Israel en cambio apoyaron la respuesta militar como un acto de legítima defensa.
Pero 19 meses más tarde, el tono ha cambiado entre los dirigentes europeos, a la vista de un balance que supera los 54.000 muertos en Gaza, de la devastación masiva, el hambre y los numerosos desplazamientos impuestos a la población gazatí, sin olvidar las incendiarias declaraciones de dirigentes israelíes.
“Nosotros no comerciamos con un Estado genocida”, dijo a mitad de mayo en el Parlamento Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, que semanas antes decidió rescindir un contrato de compra de munición a una empresa israelí.
En América Latina, el presidente chileno Gabriel Boric acusó esta semana a Israel de cometer un “genocidio”. Una acusación formulada igualmente por el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, y previamente por el mandatario colombiano, Gustavo Petro.
El drama de Gaza fractura a la sociedad israelí y también a la diáspora judía. Algunos utilizan ya ese término para calificar lo que sucede en el territorio palestino.
Israel, cuyo primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant son objeto de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes contra la humanidad, califica de “escandalosas” estas acusaciones.
La CPI emitió una orden de arresto igualmente contra el jefe del brazo armado de Hamás, Mohamed Deif, retirada en febrero tras su deceso.
¿Pero cuáles son las implicaciones jurídicas y políticas de dicha calificación? Y sobre todo: ¿es pertinente para poner fin a la tragedia?
– ¿Quién habla de genocidio? –
Del lado de las organizaciones internacionales, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) fue la primera, en diciembre de 2023, en afirmar que Israel estaba cometiendo un genocidio, seguida de Amnistía Internacional un año más tarde y Human Rights Watch (HRW).
En una sonada decisión en enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), solicitada por Sudáfrica, pidió a Israel abstenerse de todo acto de genocidio, y advirtió de un “riesgo real e inminente” de “perjuicio irreparable” para los palestinos.
Sin pronunciarse sobre el fondo, la CIJ pidió en enero, marzo y mayo de 2024 a Israel que permita el acceso de ayuda humanitaria, y prevenga y castigue la incitación al genocidio. Dichas órdenes son jurídicamente vinculantes, pero Israel no las ejecutó.
En la ONU, el jefe de operaciones humanitarias, Tom Fletcher, exhortó en mayo a los dirigentes mundiales a “actuar para impedir un genocidio”.
Historiadores israelíes como Amos Goldberg y Omer Bartov hablan también de “genocidio” en Gaza.
En un largo artículo publicado en agosto de 2024 en The Guardian, Bartov, un reconocido especialista israelo-estadounidense del Holocausto, contaba cómo llegó a la conclusión, tras la ofensiva de Israel en Rafah, en el sur de la Franja, de que su país era “culpable de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y acciones genocidas sistemáticas”.
– ¿De qué se trata? –
El concepto de genocidio fue forjado en 1944 por el jurista Raphael Lemkin, judío polaco y asesor de la Secretaría de Guerra de Estados Unidos, a la hora de designar los crímenes nazis contra los judíos europeos durante la Segunda Guerra Mundial.
Aparece definido jurídicamente en la Convención de Naciones Unidas de 1948 como un crimen cometido “con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”.
Para determinar un genocidio hay que establecer la comisión de al menos uno de los cinco actos constitutivos de este crimen, así como la intencionalidad.
Los cinco actos constitutivos de genocidio son: “matanza de miembros del grupo”, “lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo”, “sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial“, “medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo” y “traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo”.
Un matiz importante: todos los juristas consultados por AFP destacan, contrariamente a la idea común de que el genocidio es “el crimen de los crímenes”, que el derecho internacional no establece jerarquía ninguna.
Esto significa que, en lo que respecta a las penas exigidas a sus culpables, es equivalente al crimen de guerra y al crimen contra la humanidad.
En Gaza, “estamos asistiendo a una violencia masiva a gran escala ejercida contra los civiles”, apunta Thijs Bouwknegt, experto del instituto neerlandés NIOD.
“Hay una política tendente a que la población civil se marche o muera”, resume, sin llegar a afirmar categóricamente que esté en curso un genocidio.
“No hay duda de que se están cometiendo y se han cometido crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad”, destaca el abogado Omer Shatz, que enumera la destrucción masiva de infraestructura, el bloqueo total de la ayuda humanitaria impuesto por Israel desde el 2 de marzo –aliviado un poco estos últimos días– y los desplazamientos forzados de la población.
“No hace falta tener un doctorado en derecho para ver que ya no hay infraestructuras, ni escuelas, ni hospitales, ni nada”, añade.
“Como juristas, podemos constatar que se reúnen los indicadores del crimen de genocidio. Pero ese debate no debería retrasar las prioridades humanitarias inmediatas”, dice de su lado la Asociación de Juristas por el Respeto del Derecho Internacional (Jurdi).
Thijs Bouwknegt apunta que el crimen de genocidio es “increíblemente difícil” de establecer, tanto a nivel individual como estatal, porque “hay que demostrar la intención y demostrar que esta es la única explicación posible a lo sucedido”.
– ¿Cuáles son las implicaciones inmediatas? –
La convención de 1948 establece que todos los Estados firmantes deben “prevenir” el genocidio, es decir, detectar los indicios antes de que se cometan esos crímenes, y actuar para impedirlos, como recordó la CIJ en 2024.
El texto no precisa por qué medios pero existe un amplio abanico de medidas para hacer presión: parar el suministro de armas, adoptar sanciones políticas, económicas…
Por ejemplo, la Unión Europea prevé reexaminar el acuerdo de asociación con Israel, algo que varios Estados miembros reclamaron a finales de mayo.
“Se tendría que haber reaccionado mucho antes. Tanto en Europa como en Estados Unidos, donde [el expresidente Joe] Biden habría podido decir ‘stop’ en cualquier momento”, señala Omer Shatz.
Pero algunos países, como Alemania y Estados Unidos, los dos principales proveedores de armas de Israel, se niegan a cuestionar su cooperación militar o comercial, lo que les ha costado acusaciones de complicidad de genocidio. Nicaragua acusó a Alemania ante la CIJ de “facilitar la comisión de ese genocidio” a través de su “apoyo político, financiero y militar a Israel”.
Para la asociación Jurdi, se debería aplicar “el mismo razonamiento” a los conflictos en Ucrania y Gaza. “La UE va ya por su 17º paquete de sanciones contra Rusia porque esta viola el derecho internacional al acapararse de un territorio por la fuerza y al apuntar contra civiles y sus infraestructuras. Es exactamente lo que está pasando en Gaza”, apostilla la asociación.
Al final, que se adopten o no medidas fuertes depende, sobre todo, de la “buena voluntad” de los aliados de Israel, según Jurdi. “En realidad, estamos en el ámbito de lo político, no en el campo de lo jurídico”.
– Una calificación para la Historia –
Un genocidio puede ser reconocido por un tribunal internacional, la ONU o los propios Estados, pero esta calificación genera mucha controversia.
Por ejemplo, Turquía admite que el Imperio otomano llevó a cabo masacres de armenios durante la Primera Guerra Mundial pero rechaza el término de genocidio, reconocido, no obstante, por una treintena de países.
Precisamente, debido a lo difícil que es establecer la intención, el abogado Omer Shatz pidió en diciembre de 2024 que el fiscal de la CPI iniciara procesos contra ocho dirigentes israelíes por “incitación pública y directa al genocidio”.
El informe de 170 páginas entregado a la CPI recopila varias declaraciones de dirigentes posteriores al 7 de octubre de 2023, como la del exministro de Defensa Yoav Gallant, que mencionó el combate de Israel contra “animales humanos”, u otra del ministro ultraderechista Bezalel Smotrich, en la que aludía a un “exterminio total” en Gaza.
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© Agence France-Presse
