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La reciente propuesta de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos ha encendido las alertas en el ámbito académico y de seguridad pública, al considerar como un riesgo permitir que funcionarios de dependencias paraestatales, organismos autónomos y empresas de seguridad privada porten pistolas.
“Me parece absurdo y fuera de todo orden legal, toda vez que para eso están las fuerzas y cuerpos de seguridad”, señaló el investigador universitario Rogelio Barba Álvarez, quien advirtió sobre los peligros de otorgar este tipo de atribuciones a empleados administrativos.
El especialista cuestionó el criterio de permitir que burócratas de instituciones como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Casa de Moneda, el Centro Nacional de Inteligencia y el Banco de México, puedan portar armas de fuego.
Barba planteó un escenario hipotético pero plausible: un trabajador armado de la CFE llega a una empresa a cortar el suministro de energía y se enfrenta con el escolta del empresario. “Ahí ya no estás hablando de un trámite administrativo, sino de una situación donde la violencia puede escalar fácilmente”, apuntó.
Para el investigador, esta reforma podría generar un ambiente de confrontación y violencia en tareas que deberían ser estrictamente administrativas, abriendo la puerta a un “efecto Ley del Oeste”, donde el que desenfunda más rápido impone su voluntad.
El debate sobre esta reforma sigue abierto, pero académicos como Barba Álvarez advierten que militarizar funciones civiles podría representar una amenaza para la seguridad pública y el estado de derecho.
Con información de Juan Carlos Huerta Vázquez.
