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Una mujer fue remitida al Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría (CURVA) luego de impactar un vehículo de alta gama mientras conducía aparentemente bajo los efectos del alcohol en la colonia Vallarta Universidad, en el municipio de Zapopan.
El incidente ocurrió en el cruce de Avenida Juan Palomar y Arias y la calle Eça de Queirós, donde oficiales de la Comisaría de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad acudieron tras recibir el reporte de un choque entre vehículos.
Al llegar al lugar, los agentes identificaron a la conductora presuntamente responsable, quien portaba placas de circulación del estado de Michoacán, y detectaron que presentaba aparente aliento alcohólico. Ante esta situación, solicitaron la intervención de uno de los módulos itinerantes de alcoholimetría.
La prueba confirmó las sospechas: la mujer superó los límites legales de alcohol permitidos en el organismo. De acuerdo con el reporte policial, durante la intervención la conductora profirió agresiones verbales contra los oficiales, lo que no evitó que fuera finalmente retenida y trasladada al CURVA. El vehículo involucrado fue remitido a un depósito vehicular.
El caso ocurre apenas unos días después de otro episodio similar registrado el 13 de marzo, cuando oficiales de la Policía Vial detuvieron a un conductor que circulaba en sentido contrario en la zona del Mercado de Abastos de Guadalajara, también bajo los efectos del alcohol.
Ambos incidentes forman parte del contexto en el que opera el programa estatal “Salvando Vidas”, una estrategia preventiva diseñada para reducir accidentes de tránsito, lesiones graves y muertes vinculadas al consumo de alcohol al volante.
De acuerdo con la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, quienes rebasan los límites permitidos de alcohol pueden enfrentar retención del vehículo, sanciones económicas de entre 16 mil 971 y 22 mil 628 pesos, e incluso detención administrativa inconmutable, según lo estipula el Artículo 374, fracción VI de la legislación estatal.
La política pública, que combina operativos de revisión, sanciones económicas y arrestos administrativos, busca desincentivar una práctica que cada fin de semana se repite en las calles de la zona metropolitana: conducir bajo los efectos del alcohol en una ciudad donde el volante y la imprudencia suelen cruzarse con consecuencias fatales.
