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Como parte de sus labores de vigilancia ambiental, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA) realizó 11 clausuras temporales en distintos puntos del estado de Jalisco entre el 1 y el 18 de julio, al detectar diversas irregularidades relacionadas con emisiones contaminantes, residuos mal gestionados y ausencia de autorizaciones ambientales.
Las medidas aplicadas incluyeron dos clausuras por incumplimientos en materia de atmósfera, cuatro por manejo inadecuado de residuos y cinco por operar sin la Autorización de Impacto Ambiental. Con estos resultados, PROEPA acumula 78 clausuras durante 2025.
Uno de los operativos más relevantes ocurrió el 18 de julio en el municipio de Tuxpan, donde se clausuró totalmente un centro de acopio de residuos ubicado en la colonia Talpita. El sitio operaba sin contar con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) como centro de manejo especial. Además, no tenía bitácoras de registro, no separaba los residuos y no acreditó su disposición final, violando el artículo 42 de la Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado.
La acción fue resultado de una coordinación entre PROEPA y la Jefatura de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Territorial del Ayuntamiento de Tuxpan.
Otra clausura destacada ocurrió el 4 de julio en San Martín Hidalgo, donde una empresa dedicada a la extracción de material geológico fue suspendida por carecer de Autorización de Impacto Ambiental, requerida para operar bancos de materiales. También se detectaron fallas en el control de emisiones a la atmósfera por fuentes fijas, lo que infringe la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
El 16 de julio, PROEPA intervino un centro de acopio en Zapopan por operar sin la autorización correspondiente, repitiendo el patrón de incumplimiento con la normativa estatal en materia de residuos.
“El Gobierno del Estado, a través de PROEPA, mantiene su compromiso con la legalidad y la protección ambiental”, indicó la dependencia en un comunicado, en el que reiteró que se reforzarán las labores de inspección en todo el territorio para garantizar el cumplimiento de la legislación y proteger la salud pública y los ecosistemas.Los operativos se suman a una estrategia estatal para contener prácticas irregulares que comprometen el equilibrio ambiental y para fomentar que las actividades económicas se desarrollen con responsabilidad legal y ambiental.
