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El Jardín Hidalgo fue escenario de la Segunda Edición de Bodas de la Esperanza, una ceremonia colectiva en la que 500 parejas formalizaron su matrimonio civil en el corazón de San Pedro Tlaquepaque. El acto reunió a 491 parejas heterosexuales, siete parejas de mujeres y dos parejas de hombres, en una jornada que combinó trámite jurídico, celebración pública y medidas sanitarias preventivas.
La alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura encabezó la ceremonia y subrayó que el matrimonio colectivo no solo otorga certeza jurídica, sino que representa una decisión íntima asumida ante la comunidad. En su intervención, destacó que cada unión formalizada deposita en el acto civil una expectativa compartida de respeto, solidaridad y acompañamiento.
El gobierno municipal entregó mil argollas matrimoniales y 500 actas de matrimonio, con lo que dio sustento legal a vínculos que, en muchos casos, llevaban años construyéndose fuera del registro oficial. Algunas parejas comenzaron su vida en común ese mismo día; otras consolidaron relaciones prolongadas que encontraron en la ceremonia una regularización formal.
En el contexto de alertas sanitarias por casos de sarampión, el municipio distribuyó cubrebocas entre asistentes e instaló dos módulos de vacunación, además de dispensadores de gel antibacterial. La administración local buscó equilibrar la magnitud del evento con medidas de prevención en salud pública.
La jornada incluyó un pastel de tres pisos donado por la empresa Petit, con capacidad para mil 500 personas, y un cierre musical en la explanada de la presidencia municipal con las agrupaciones Los Terrícolas y Los Freddy’s, cuyos repertorios marcaron el tono festivo de la noche.
Para el Ayuntamiento, la ceremonia colectiva se inscribe en una política pública orientada a facilitar el acceso al matrimonio civil, reducir costos y promover la formalización de derechos patrimoniales y de seguridad social.
Más allá de la puesta en escena, el dato central es jurídico: quinientas historias quedaron registradas ante el Estado en un solo acto. En esa cifra se sintetiza una apuesta institucional por convertir un compromiso privado en un derecho reconocido.
